Gonçalo Amaral juicio por tortura

Caso Joana

Gonçalo Amaral juicio por tortura

En Octubre se iniciaría el juicio contra Gonçalo Amaral y los demás inspectores judiciales acusados de tortura en el caso Joana

Gonçalo Amaral afirma que sólo está acusado de "perjurio" y de "falta de deber de denuncia»

El caso se remonta al 12 de septiembre del 2004, cuando la niña de ocho años, desapareció de la localidad de Figueira, en la provincia de Portimao en el Algarve. La madre, Leonor Cipriano, y el tío, João Cipriano, fueron condenados por el Tribunal Supremo a 16 años de cárcel por delitos de asesinato y ocultamiento del cadáver de un niño.

Antes de cumplir la pena de prisión en Odemira, la madre de Joana fue detenida bajo custodia y fue interrogada varias veces por los inspectores de la Dirección de Faro de la Policía Judicial (PJ), y en uno de esos movimientos - en octubre del 2004 - regresó a la prisión de Odemira con hematomas visibles en la cara.

Las acusaciones del Ministerio Público (MP) en contra de cinco inspectores de la Policía Judicial son por delitos de tortura la omisión de ayuda y la falsificación de documento surgido en las secuencias de los interrogatorios en PJ, Faro. La fecha de comienzo del juicio se espera que sea en octubre.

"La fecha tentativa del juicio está prevista, en principio, en el proceso para el mes de octubre", dijo a Lusa hoy uno de los abogados relacionados con el proceso, y la fase final de la selección de jurados es el 22 de este mes.

António Colaço, abogado de cuatro de los cinco inspectores acusados de tortura y falsificación de documentos, dijo a Lusa además, que si los inspectores son absueltos, va a iniciar una "acción civil y penal" contra los fiscales "en la persona del Fiscal de Faro”.

"Si ellos [los inspectores judiciales] son absueltos, este va a ser un problema para el Estado portugués, ya que estos inspectores demandarán por responsabilidades a los más altos magistrados de este país y a las más altas autoridades nacionales", dijo António Colaço, abogado de la Asociación de Funcionarios de Investigación Criminal (ASFIC) en PJ.

Ya el 10 de junio del 2007, el ASFIC había dicho a Lusa que procesaría al magistrado del Ministerio Público (MP) que acusa de tortura, omisión de ayuda y falsificación de documentos a de cinco elementos de la Policía Judicial en relación con el caso Joana.

La acusación del MP a los elementos de la PJ fue clasificada en su momento por el presidente de ASFIC, Carlos Anjos, como una «aberración», «lamentable» y «mala de un punto de vista legal."

Tres inspectores están acusados de delitos de tortura, otro elemento está acusado de no haber prestado ayuda y de omisión de denuncia y un quinto inspector está acusado de falsificación de documentos.

Uno de los acusados es el ex coordinador del Departamento de Investigación Criminal (CID) de la PJ de Portimão, Gonçalo Amaral, que se retiró de la policía y que inicialmente llevaba la investigación por la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en mayo del 2007, en Praia da Luz, municipio de Lagos, también en el Algarve.

Un informe publicado en abril de este año es el resultado de una investigación de la Asociación Contra la Exclusión para el Desarrollo (ACED) que llegó a la conclusión de que existió un delito de tortura perpetrado por agentes de la Policía Judicial contra Leonor Cipriano.

El informe añade que Leonor Cipriano sólo pudo decir con absoluta certeza que Goncalo Amaral, entonces coordinador de la DIC de Portimão, quien estuvo presente durante el interrogatorio, presenció la tortura en forma complaciente.

Si estuviera viva, Joana Cipriano tendría 12 años en la actualidad, pero transcurridos cuatro años, el cuerpo de la chica nunca fue encontrado.

El padrastro de la niña, Leandro Silva, dijo hace un año a la agencia Lusa creía que Joana estaría aún viva y podría haber sido "vendida o secuestrada.”

El abogado de Leonor Cipriano, João Grade, negó a Lusa tener información sobre un depósito de 50 mil euros en la cuenta bancaria de personas cercanas a la familia, pero Diário de Notícias dijo, el año pasado, tener la sospecha de que la niña había sido vendida por 50 mil euros y que no había muerto por acción de la madre y el tío.

Lusa/SOL

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